Así estoy por el dichoso tablet de la empresa de la manzana, así que lo único que añadiré es esto:
(for my international readers: I’m so tired of reading in every media, again and again, exactly the same news about that f****** tablet, that the only thing I want to say is this)
Hace un par de días apareció la noticia de que la Comisión Europea denunció a España por la situación monopolística de las entidades de gestión de derechos de autor (nuestra querida SGAE entre ellas). Esta postura se ha visto reforzada por un informe de la Comisión Nacional de la Competencia. Según dichos informes, España podría estar cometiendo una ilegalidad al permitir a la SGAE y compañía trabajar en el actual régimen, pues ello propiciaría los actuales abusos que sufrimos por parte de ellas.
Y aquí es donde entran David Bravo y Javier de la Cueva con una interesante propuesta: enviar una carta a la delegación española de la Comisión Europea con una denuncia contra el Estado Español por dicha situación. Para ello han publicado un modelo que sólo tenemos que modificar, poniendo nuestros datos (nombre y apellidos, DNI, nacionalidad y dirección) y enviándola por correo certificado a la Comisión.
Suena interesante, pero… ¿tendré que pagar un abogado y demás? Según explica David Bravo, el procedimiento es totalmente gratuito, y no supone más gastos ni trabajo que tomarse la molestia de enviar la carta.
¿Y qué hay que hacer? Simplemente bajarse la carta que ofrecen David Bravo y Javier de la Cueva al final de su entrada en el blog, rellenarla con nuestros datos en los lugares indicados, imprimirla y enviarla por correo ordinario certificado a la delegación española de la Comisión Europea (la dirección viene en el mismo documento).
¿Por correo ordinario? ¡Pero si se puede hacer a través de la página web de correos! Por desgracia, a través de la página web no se puede certificar el contenido de la carta, así que no queda otra que mover el culo del sillón. Por otro lado, no olvidemos que si queremos que se nos tenga en cuenta hay que empezar a hacer cosas en el mundo real, no sólo en Internet. Un correo electrónico se puede enviar sin levantarse de la silla, por lo que es fácil que lo haga mucha gente; una carta ordinaria, por el contrario, implica levantarse, comprar sobres y salir de casa para ir a una oficina de correos, por lo que sólo lo hará la gente a la que la acción le importe de verdad. Los políticos lo saben muy bien, por eso una manifestación en la red les da igual, pero una en la calle los acojona.
Vale ¿y qué tengo que hacer? Personalizas la carta, imprimes dos copias (serán el original y la copia) y las firmas. Vas con ellas y un sobre abierto (con la dirección de la comisión escrita delante, y la tuya como remitente por detrás) a una oficina de correos. Allí pides enviar la carta por correo certificado y que te la sellen (¡muy importante!). Para ello te pedirán el original y la copia. Una vez selladas, te quedas la copia, metes el original en el sobre (delante del funcionario o funcionaria), rellenas el formulario de envío certificado, pagas los 2,49 euros que cuesta y entregas el sobre para que lo envíen.
Si, ya, pero ¿tú ya lo has hecho? Sí, la envié esta misma mañana. ¿Por?
¿Por qué soltar una arenga sobre el artículo 20, apartado 5, de la constitución española si ya lo han hecho otros?
¿Por qué insistir una y otra vez en que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental, al contrario que el derecho a la salud, si ya se dice en otras páginas?
¿Por qué añadir que, con la ley actual, cualquiera que vea sus derechos violados en internet puede presentar una petición de cierre cautelar junto a su demanda, aunque asumiendo que si el cierre era innecesario, tendrá que asumir las consecuencias legales, si ya se ha explicado repetidas veces?
¿Incluso por qué dejar caer que el mismo partido que intenta aprobar esta ley se opuso en su día a otra por razones similares a las aquí defendidas, si se ha repetido ya hasta la saciedad?
Pues porque el gobierno va a por todas con la infame Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible, y no se ve ningún indicio de querer corregir su rumbo, por lo que no nos queda más remedio que hacer el máximo ruido posible para enviarle un mensaje claro:
No queremos una ley que se salte a la torera la más elemental separación de poderes.
No queremos una ley tan ambigua que permita cerrar prácticamente cualquier web mediante una orden administrativa.
No queremos una ley que otorgue privilegios jurídicos a una pequeña casta y en desmedro de los derechos de la mayoría.
No queremos una ley creada por y para un lobby que sólo busca su propio beneficio, aún a costa del de la sociedad en general.